Hernán Papaterra | ARCO MINERO viola gravemente los Tratados, Pactos y Convenciones Internacionales Ambientales suscritos previamente por Venezuela

El Gobierno se hace acreedor de sanciones por actuar como transgresor ambiental y violador de derechos al imponer de facto una moratoria ambiental

 

Daños a recursos naturales y destrucción de valores socioambientales -de obligada protección nacional e internacional- serán la consecuencia directa de las actividades degradadoras contempladas en el Proyecto Arco Minero que el Gobierno pretende ejecutar en el sur de Venezuela.

Tratados, Pactos y Convenciones Internacionales Ambientales suscritos previamente por Venezuela son incumplidos por el Estado en abierta violación de derechos colectivos y difusos de carácter ambiental, sanitario y socio-antropológicos.

Difícilmente podrá el Gobierno invocar la soberanía nacional y el principio de no injerencia en los asuntos internos del país, siendo que el llamado Arco Minero acelerará el cambio climático mundial, afectará la capa de ozono del planeta, incrementará procesos de sequía, desertificación y migraciones masivas e inhumanas de poblaciones rurales e indígenas.

El Arco Minero implica afectación negativa sistemática de la atmósfera, de las masas forestales y los ríos, daños materiales a la agricultura y asentamientos agrícolas, destrucción irrecuperable de fuentes de energías renovables y de suministros eléctricos industriales y domésticos. Hechos estos que violan flagrantemente la necesarísima  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

El Gobierno – con el anunciado Arco Minero- estaría arrastrando a la República y Nación venezolana a incurrir en violación de obligaciones para mitigar, reducir y evaluar efectos de la contaminación atmosférica, incluidos los daños en la salud de la población y de la biodiversidad en el territorio nacional. De hecho, provocaría contaminación atmosférica transfronteriza. Incumple deberes de Estado con el cambio climático y se aleja de obligaciones para asegurar el desarrollo humano de nuestra generación y de las generaciones futuras.

En proyecto Arco Minero contraviene el Convenio sobre Diversidad Biológica (CBD) de las Naciones Unidas. Nadie ignora  que cuando se realiza minería extensiva en zonas de bosque ello constituye un factor de depredación de los mismos y de agresión a los pueblos asentados por años en esos territorios.

El Gobierno puede argumentar que el arco minero es necesario para ingresar divisas a las arcas públicas; pero lo que puede argumentarse es que sea sustentable, ya que es una actividad basada en la extracción de recursos no renovables y, por tanto, no sustentable ni ambiental ni socialmente.

Cuando el Arco Minero contraviene el Convenio sobre Diversidad Biológica genera impactos directos con el despeje de tierra -construcción de rutas de acceso, perforaciones de exploración, tajos resultantes de la operación a cielo abierto o la construcción de embalses de relave-, o descargas directas a los cuerpos de agua, descarga fluvial de relaves, o al aire (tal como el polvo o las emisiones de fundición).

Este 2016, la convención de Ramsar (Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, conocida en forma abreviada como Convenio de Ramsar)   tomó como lema Humedales para nuestro futuro: medios de vida sostenibles, para crear conciencia sobre la importancia de estos ecosistemas en la pesca, cultivo de arroz, turismo e, incluso, el suministro de agua, en todo el mundo. Pero, el Arco Minero afectará humedales, que abarcan “ríos, acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, estuarios, deltas y bajos de marea, manglares y sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales, embalses y salinas”.

El proyecto Arco Minero transgrede la Convención de las Naciones Unidas sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural que tiene como objetivo contribuir a la protección y conservación de los monumentos, los conjuntos y los lugares culturales, así como las formaciones geológicas y fisiográficas, los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas que tengan un valor universal excepcional.

Contra toda norma nacional e internacional vigente en el país, el Gobierno pretende utilizar la pobreza y la desesperación de la población venezolana para atentar contra el ambiente y legalizar megaproyectos devastadores del territorio.

Con su proyecto de Arco Minero violenta la legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y seguridad jurídica ambiental y social venezolana, latinoamericana y mundial; y también atenta arbitrariamente contra la conservación y protección ambiental, contra las normas de no regresión y progresividad en materia ambiental, y burla la separación de poderes.

•El educador y planificador ambiental Hernán Papaterra asegura que con el megaproyecto Arco Minero se incurre en actos de injusticia ambiental, se propicia inseguridad humana y se suman a la atmósfera terrestre toneladas equivalentes de CO2 incrementando el cambio climático mundial.