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Martes, 05 Junio 2012 16:19

Ley Penal del Ambiente responsabiliza a los funcionarios

LeyAmbienta.ElNacionalLa instalación del transvase entre el lago de Valencia y el embalse Pao-Cachinche empeoró el problema ambiental del lago, al que van a parar las aguas residuales, sin previo tratamiento, generadas por la actividad industrial. Plantas de concreto localizadas en diversas zonas de Caracas, como La Carlota, La Yaguara, Santa Eduvigis y La Rinconada para construcciones de la Misión Vivienda han causado daños de salud que son difíciles de contabilizar.

Hasta el 17 de mayo de 2012 se contabilizaron por lo menos siete derrames petroleros en el país. El más grave, originado por la fractura del oleoducto de la planta de extracción de Pdvsa en Jusepín, contaminó el río Guarapiche en Monagas. El daño fue clasificado como desastre ambiental.

En todas esas situaciones de amenaza ambiental ha estado involucrado el Estado. Aquellas que implican extracción de materias primas y procesamientos industriales son causales de daños más severos e irreparables. En manos públicas está la mayor parte de las actividades extractivas con fuerte impacto ambiental, como la que se deriva de la explotación petrolera.

Con la promulgación el 2 de mayo en Gaceta Oficial número 39913 de la Ley Penal del Ambiente, sobre los empleados públicos recae mayor posibilidad de ser responsabilizados como agentes causales de daño ambiental, sobre todo por su papel en el otorgamiento de permisos para prácticas que deterioren la naturaleza.

El nuevo instrumento legal, que deja sin efecto la ley de 1992, tiene un apartado exclusivo dedicado a la responsabilidad de los funcionarios. Allí se detallan dos acciones: autorización de actividades tipificadas como delitos ambientales y obstrucción de la justicia al suministrar información falsa, omitir o adulterar datos, obstaculizar la labor del Ministerio Público o de órganos de investigación y permitir el incumplimiento de obligaciones ambientales en los procedimientos encomendados.

"La ley establece responsabilidades, culpabilidad y sanciones a los funcionarios que no hagan el manejo adecuado de los permisos, supervisiones y operaciones en su ejercicio", aseguró Hiram Gaviria, presidente de la Comisión Permanente de Ambiente de la Asamblea Nacional.

La antigua ley, en el artículo 34, mencionaba la responsabilidad del funcionario en cuanto al otorgamiento de autorizaciones para la construcción de obras y desarrollo de actividades no permitidas que afectaran la ordenación de territorio, los lechos, vegas y planicies inundables de los ríos o cuerpos de agua. Las máximas sanciones que se atribuían en ese caso eran 1 año de prisión y 1.000 días de salario mínimo.

"Por primera vez el funcionario responde claramente a los permisos que proporciona y se les obliga a solicitar estudios de impacto ambiental antes de dar las autorizaciones", afirmó Maritza Da Silva, directora de Derecho Ambiental de Vitalis.

Cuando se autorice alguna obra sin la entrega de los estudios de impacto ambiental, la sanción establece arresto de tres meses a un año, así como la inhabilitación de sus funciones hasta por dos años después del cumplimiento de la condena.

En el caso del delito tipificado como propagación de enfermedad en animales o plantas, el empleado público que no tome medidas inmediatas será condenado a prisión por un período de seis meses a dos años.

Voluntad necesaria

La nueva ley penal aumentó de 36 a 78 el número de delitos ambientales.

El artículo 127 de la Constitución de la República establece el derecho de contar con un ambiente sano, seguro y equilibrado y el deber de preservarlo.

El reglamento reordena los hechos punibles y actualiza la lista de delitos, de acuerdo con lo que se ha constatado en las investigaciones científicas. "En los últimos 20 años en el país y en el mundo se ha intensificado el daño al ambiente y se ha tenido conciencia de la carga destructiva de algunas acciones, como la explotación de hidrocarburos, el crecimiento poblacional descontrolado y la anarquía en el ordenamiento del territorio", afirmó Gaviria.

Las sanciones principales por el incumplimiento incluyen prisión, disolución de la persona jurídica, multa en unidades tributarias y desmantelamiento de las instalaciones. Los funcionarios serán sancionados con las penas correspondientes al delito, aumentadas al doble.

"El Estado tiene la estructura para hacer cumplir la ley. Lo primordial es contar con la voluntad política para ejercerla e invertir en políticas públicas ambientales", dijo Lucas Riestra, abogado ambiental de la Fundación Agua Clara.

Gaviria subraya la importancia de contar con ciudadanos informados y sensibilizados con el tema ambiental, capaces de exigir sus derechos y cumplir con sus deberes. De igual manera, le atribuye a la voluntad política un papel protagónico en beneficio del ambiente.
Fuente: El Nacional
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